¿Por qué es necesaria una política de vivienda basada en datos fiables?

Vivir o alojarse en Madrid parece cada vez más difícil. Los precios, tanto de compra como de alquiler, parecen hacerse inalcanzables. Aunque no todo se reduce al problema de los precios, hay algunos elementos que contribuyen de forma importante a la carencia de una política de vivienda que permita el alojamiento de las personas sin capacidad de acceso. Por ello hay que analizar los agentes que intervienen y los datos que se manejan, desde la legislación, hasta cómo las Administraciones usan el parque residencial o el suelo público.

Nada nuevo si se observa un exceso de viviendas en España, aunque la realidad sea que hay muchas familias que no pueden acceder a ellas. En marzo de 2019 el Consejo General del Poder Judicial informa que se han producido cerca de 60.000 desahucios, que parece se han materializado anualmente desde el comienzo de la crisis. Mantener el desarrollo de viviendas, que además consumen territorio, no parece una medida adecuada. Las administraciones públicas deberían dejar de incentivar nuevas construcciones e incorporar el alojamiento de las personas con dificultades, como un servicio público.

El nuevo Gobierno ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas de marcado carácter social. Aunque se observa un "pero": la política de vivienda. Parece que la preocupación por uno de los problemas más importantes de las personas ha quedado relegado a un escenario secundario. Muchos ciudadanos piensan que el gran problema de la vivienda está en fijar el precio del alquiler. Es un elemento importante, sin embargo, la política de vivienda debería ir más allá.

Se ha escrito mucho al respecto de una buena política de vivienda, y conviene recordar que uno de los factores clave consiste en tener estructurada una información fiable, crucial para tomar decisiones —algo sobre lo que hay una demanda generalizada en sectores profesionales, de investigación y medios de comunicación—. Es básico tener datos precisos que permitan establecer análisis sólidos y contribuyan a realizar un diagnóstico lo más acertado posible. Pero España no cuenta con información agregada, suficientemente válida para poder realizar análisis y diagnósticos fiables. Somos un país con una flota de automóviles amplia y que estadísticamente está perfectamente controlada, y sin embargo no sabemos con certeza cuántas casas tenemos. Por tanto, una de las primeras tareas que debería acometer la Administración Central del Estado, es desarrollar una buena estructura con capacidad para verificar el número exacto de viviendas, así como su localización.

Por tener algunos elementos evidentes sobre lo planteado, cabe observar la disparidad de información del precio medio del m2 de vivienda en diferentes portales: Tinsa plantea una cifra de 1374 €/m2, mientras que Idealista lo sitúa en 1763 €/m2, ambos para diciembre de 2019. En enero de 2019, el diario El País, a propósito del precio del alquiler decía: "¿Cuánto subió el alquiler en España el año pasado? Las estadísticas no son claras". El hecho más evidente puesto de manifiesto es que Fotocasa realizaba un cálculo de 1,8%, mientras que Idealista planteaba un 9,3%. Parece claro que si un medio con tantas posibilidades tiene que acudir a portales con prestigio, es porque no existe un medio público con suficiente fiabilidad, lo que no significa que el INE no tenga unos magníficos profesionales, pero parece que falta decisión para abordar este tema, y los portales no tienen por qué hacer un análisis universal alejado de sus necesidades privadas.

Se plantea con frecuencia cómo se redujo el precio de la vivienda a partir de 2007, olvidando que los salarios habían decrecido a más velocidad, lo que implica una baja capacidad de compra. El Observatorio de Vivienda, como indicaba este periódico hace escasas semanas, figura en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, y puede ser el marco adecuado para definir un modelo claro y sólido de datos sobre la vivienda.

Una buena política en este sentido debería contemplar, por una parte, medidas legales que limiten la venta de suelo público en cualquier ámbito institucional o un fuerte aumento de vivienda pública en alquiler. La vivienda en manos de la SAREB, en muchas provincias, podría resolver parte de dicho incremento.

Para reflexionar sobre ello, La Casa Encendida presenta el XI Ciclo Diálogos sobre conflictos urbanos, que hasta el 28 de mayo de 2020 debatirá 25 preguntas sobre el futuro de Madrid.