Alquiler social: ahora o nunca
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Un parque de pisos baratos es la única salida para frenar la pobreza
Apenas un 0,5% de las viviendas españolas responde a la categoría de viviendas públicas protegidas de alquiler.
Aunque ha aumentado el número, el porcentaje ha bajado desde el comienzo de la década, disolviéndose en la exuberancia de la pasada burbuja inmobiliaria. Este raquítico porcentaje está engrosado por promociones de iniciativa privada, como sucede con las obras sociales de las cajas de ahorros o las de organizaciones sin ánimo de lucro como Cáritas, hasta llegar al 2%.
El parque de alquiler a precios muy por debajo del mercado e incluso del alquiler protegido es la única esperanza para familias en riesgo de exclusión social. Según el INE, llegaríamos hasta el 3% de los hogares españoles si se amplía el concepto a “alquileres a precio inferior al mercado”. Y aquí está la fatal divergencia con el resto de Europa: en Alemania los alquileres asequibles suponen un 6%; en Francia, un 19%, y en Reino Unido, un 21%.
Fomento aprobará ayudas para el alquilado en función de la renta y los ingresos
“Es la gran diferencia incluso respecto a Portugal. Y la creación de un parque de vivienda social es imprescindible para activar el derecho a la vivienda y para poder garantizar una ley de desahucios justa y coherente. No tiene por qué ser público, la mayoría de las viviendas de alquiler social inglesas o francesas no lo son”, indica el sociólogo Jesús Leal.
El problema, en su opinión, es que “España desmanteló el escaso parque que tenía y ahora no hay dinero para recuperarlo a corto plazo. La propuesta es que se desarrolle a través de entidades sin ánimo de lucro con patrimonio de vivienda en alquiler social, que cuenten con ayuda pública a cambio de una cesión gratuita de suelo y un estatus fiscal especial”.
Y parece llegado el momento. Por un lado, por la necesidad de atender a los desahuciados, tanto de vivienda en propiedad como por impago de alquileres, y a los nuevos pobres, con el fin de evitar su desarraigo social. Y, por otro, es la oportunidad de un nuevo plan de vivienda pendiente de redactar, enfocado al alquiler y dirigido a grupos con pocos recursos económicos. Se suma una banca intervenida con un importante parque residencial y de suelo sobre el que el Estado tiene mucho que decir. Muchos agentes sociales consideran esta una oportunidad única para edificar ese parque público de alquiler a precios bajos.
El Estado ha movido ficha pero con una cobertura y un futuro más que incierto cuando ha decretado un fondo de vivienda social, promovido desde el Ministerio de Economía para desahuciados por impago hipotecario. Se inicia con 6.000 viviendas, la mitad de ellas procedentes de cajas de ahorros que conservan la titularidad de los inmuebles.
En España el arrendamiento asequible es un 1% o 2%, en Alemania, un 6%; en Reino Unido, un 21% y en Francia un 19%
La música suena mejor que la letra. Pedro Hernández del Olmo, un abogado experto en arrendamientos, lo califica en el portal enalquiler.com como “un brindis al sol”. Requiere interminables requisitos a cumplir en cuanto a renta, endeudamiento y composición familiar, pero no establece la cuantía del alquiler social. Habla de rentas asumibles en función de los ingresos que perciban y faltaría un horizonte temporal. Los expertos consultados descartan que vaya a ser un embrión de parque social de alquiler.
También por concretar, Europa Press ha adelantado por dónde iría el futuro Plan de Vivienda, 2013-2016, con el alquiler social como protagonista. Fomentará alquileres con 400 euros de renta máxima para familias con ingresos de menos de 1.600 euros. La ayuda estatal se dirigiría a empresas públicas y ONG para crear un parque de nuevo cuño con un horizonte a 30 años y un uso rotativo: entre uno y dos años y sobre suelos cedidos por los consistorios. El 25% del parque así creado será para familias atendidas por servicios sociales públicos o privados sin ánimo de lucro.
Una de las objeciones es que no parece tiempo de edificar sino de aprovechar lo existente, según expertos como Carme Trilla, hoy responsable de Acción Social de Cáritas.
Un parque de alquiler con rentas a precios por debajo del alquiler protegido —en torno a 350 euros— es la única esperanza para familias en riesgo de exclusión social. Y a estas se dirige la ONG Cáritas. Y facilitar vivienda a las familias es un paso más en un programa de inserción sociolaboral. El objetivo es que en dos o tres años la familia pueda recuperar su autonomía económica, un tiempo que reconocen escaso dada la gravedad de la crisis.
Trilla explica que son las entidades sociales las que cubren esa función: atender a quien no puede pagar más de 80 o 150 euros y eso con dificultades. Es un alquiler social deficitario que supone una media de mil euros de pérdida al año por vivienda para Cáritas, según Pau Pérez de Acha, al frente de Fomento de la Vivienda Social de la ONG en Barcelona. Gestiona 220 viviendas (532 personas) y en 2014 espera
Aunque ha aumentado el número, el porcentaje ha bajado desde el comienzo de la década, disolviéndose en la exuberancia de la pasada burbuja inmobiliaria. Este raquítico porcentaje está engrosado por promociones de iniciativa privada, como sucede con las obras sociales de las cajas de ahorros o las de organizaciones sin ánimo de lucro como Cáritas, hasta llegar al 2%.
El parque de alquiler a precios muy por debajo del mercado e incluso del alquiler protegido es la única esperanza para familias en riesgo de exclusión social. Según el INE, llegaríamos hasta el 3% de los hogares españoles si se amplía el concepto a “alquileres a precio inferior al mercado”. Y aquí está la fatal divergencia con el resto de Europa: en Alemania los alquileres asequibles suponen un 6%; en Francia, un 19%, y en Reino Unido, un 21%.
Fomento aprobará ayudas para el alquilado en función de la renta y los ingresos
“Es la gran diferencia incluso respecto a Portugal. Y la creación de un parque de vivienda social es imprescindible para activar el derecho a la vivienda y para poder garantizar una ley de desahucios justa y coherente. No tiene por qué ser público, la mayoría de las viviendas de alquiler social inglesas o francesas no lo son”, indica el sociólogo Jesús Leal.
El problema, en su opinión, es que “España desmanteló el escaso parque que tenía y ahora no hay dinero para recuperarlo a corto plazo. La propuesta es que se desarrolle a través de entidades sin ánimo de lucro con patrimonio de vivienda en alquiler social, que cuenten con ayuda pública a cambio de una cesión gratuita de suelo y un estatus fiscal especial”.
Y parece llegado el momento. Por un lado, por la necesidad de atender a los desahuciados, tanto de vivienda en propiedad como por impago de alquileres, y a los nuevos pobres, con el fin de evitar su desarraigo social. Y, por otro, es la oportunidad de un nuevo plan de vivienda pendiente de redactar, enfocado al alquiler y dirigido a grupos con pocos recursos económicos. Se suma una banca intervenida con un importante parque residencial y de suelo sobre el que el Estado tiene mucho que decir. Muchos agentes sociales consideran esta una oportunidad única para edificar ese parque público de alquiler a precios bajos.
El Estado ha movido ficha pero con una cobertura y un futuro más que incierto cuando ha decretado un fondo de vivienda social, promovido desde el Ministerio de Economía para desahuciados por impago hipotecario. Se inicia con 6.000 viviendas, la mitad de ellas procedentes de cajas de ahorros que conservan la titularidad de los inmuebles.
En España el arrendamiento asequible es un 1% o 2%, en Alemania, un 6%; en Reino Unido, un 21% y en Francia un 19%
La música suena mejor que la letra. Pedro Hernández del Olmo, un abogado experto en arrendamientos, lo califica en el portal enalquiler.com como “un brindis al sol”. Requiere interminables requisitos a cumplir en cuanto a renta, endeudamiento y composición familiar, pero no establece la cuantía del alquiler social. Habla de rentas asumibles en función de los ingresos que perciban y faltaría un horizonte temporal. Los expertos consultados descartan que vaya a ser un embrión de parque social de alquiler.
También por concretar, Europa Press ha adelantado por dónde iría el futuro Plan de Vivienda, 2013-2016, con el alquiler social como protagonista. Fomentará alquileres con 400 euros de renta máxima para familias con ingresos de menos de 1.600 euros. La ayuda estatal se dirigiría a empresas públicas y ONG para crear un parque de nuevo cuño con un horizonte a 30 años y un uso rotativo: entre uno y dos años y sobre suelos cedidos por los consistorios. El 25% del parque así creado será para familias atendidas por servicios sociales públicos o privados sin ánimo de lucro.
Una de las objeciones es que no parece tiempo de edificar sino de aprovechar lo existente, según expertos como Carme Trilla, hoy responsable de Acción Social de Cáritas.
Un parque de alquiler con rentas a precios por debajo del alquiler protegido —en torno a 350 euros— es la única esperanza para familias en riesgo de exclusión social. Y a estas se dirige la ONG Cáritas. Y facilitar vivienda a las familias es un paso más en un programa de inserción sociolaboral. El objetivo es que en dos o tres años la familia pueda recuperar su autonomía económica, un tiempo que reconocen escaso dada la gravedad de la crisis.
Trilla explica que son las entidades sociales las que cubren esa función: atender a quien no puede pagar más de 80 o 150 euros y eso con dificultades. Es un alquiler social deficitario que supone una media de mil euros de pérdida al año por vivienda para Cáritas, según Pau Pérez de Acha, al frente de Fomento de la Vivienda Social de la ONG en Barcelona. Gestiona 220 viviendas (532 personas) y en 2014 espera
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